La venta del grupo Codorníu a Carlyle sigue trayendo cola cinco años después de cerrarse la operación. La Audiencia Provincial de Barcelona falló ayer a favor de la histórica compañía catalana de cava en un caso contra AZ Capital, el banco de inversiones que asesoró una parte de la familia Raventós en aquel intenso proceso de compraventa.
Según una sentencia a la que a tenido acceso este diario, Unideco SA –la compañía dueña de Codorníu– queda exenta de pagar 2,8 millones de euros a AZ Capital en concepto de una comisión extra que el banco le exigía por haber aumentado el precio de venta de 220 a 300 millones de euros. El pronunciamiento revoca una sentencia de un juzgado de primera instancia que decía lo contrario.
Tesis
AZ no puede cobrar la comisión porque no contribuyó al aumento de la oferta de Carlyle
Según la Audiencia, no queda probado que AZ Capital interviniese activamente en la subida del precio de venta de Codorníu, una condición necesaria para el cobro de esta comisión, según el contrato que firmaron ambas partes y en el que AZ Capital se comprometía a mediar entre posibles compradores y la empresa, además de prestar servicios de asesoramiento financiero.
Según la Audiencia, la subida del precio fue logro exclusivo de un grupo de accionistas de Codorníu que mantuvieron negociaciones directamente con Carlyle, sin la mediación de AZ. De hecho, el banco de inversiones fue contratado por la presidenta Mar Raventós, quien quería frustrar la operación y encontrar un comprador alternativo a Carlyle.
Según la sentencia, quienes se reunieron directamente con Caryle –y consiguieron con éxito subir el precio hasta los 300 millones– fueron los accionistas Marc Ferrán, José Manuel Ferrer, Manuel Farré y Antón Raventós. Esa versión también la defienden dos empleados de Carlyle, Mario Pardo (responsable en España) y David Mazaira, que en el juicio corroboraron esta misma tesis.
En desacuerdo
AZ Capital se reserva el derecho de recurrir la sentencia
La Audiencia considera inverosímil la versión de AZ, que entre otros motivos, asegura que propuso dos compradores alternativos que igualaban las ofertas de Carlyle y que por eso, el precio de venta subió. Según el tribunal, AZ no aportó pruebas concluyentes que demostrasen estos hechos.
Los 2,8 millones que Codorníu se libra de pagar a AZ corresponden a 2,4 millones en concepto de comisión de éxito –calculada en base al 3% a los 80 millones de incremento– más 483.000 euros de IVA. Ayer, fuentes de AZ Capital, empresa liderada por Jorge Lucaya, dijeron a este diario que “discrepamos absolutamente de la sentencia y, habida cuenta de que no es firme y contradictoria con la primera sentencia, nos reservamos el derecho a interponer los pertinentes recursos”